La instancia administrativa y judicial nace a partir de la Acordada NºA3397 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que a través del PRODE (Programa de relevamiento, organización y destrucción de expedientes) que en nuestra ciudad funciona en calle 25 entre 24 y 26 procede a la destrucción de archivos. La Acordada genera un mecanismo de selección y destrucción de los expedientes originales de las causas archivadas de varias décadas a la actualidad. Es decir, se destruye parte del patrimonio individual y social con la lógica de “hacer” espacio. Una vez conocido el inicio de un proceso de destrucción se genera una lista de los expedientes, su carátula, legajo y número de causa. Con dichos datos empiezan las búsquedas de resguardo.
Ante el anuncio de destrucción, la Oficina de Derechos Humanos efectúa una revisión del listado a destruir y selecciona para observar los que entiende tienen algún valor social histórico y deben ser resguardados. Por ejemplo, se pidió resguardo de expedientes de Mercedes donde aparecen apremios ilegales. También de la vecina ciudad de Luján donde se dice expresamente que se apresaba a un vecino por ser “subversivo”. También expedientes con documentos gráficos de importante valor histórico. Los archivos son contenedores de datos y momentos vividos en la historia de Mercedes tanto durante la dictadura como previo y posterior a ella.
Días atrás arribó desde la Suprema Corte la confirmación que daba lugar al pedido efectuado desde la Municipalidad de Mercedes impulsado por el intendente Carlos Selva a través de la Oficina de Derechos Humanos, de resguardar los documentos históricos que quedan archivados para actuales y futuras investigaciones teniendo un destacado valor histórico, individual y social siendo parte de la acción concreta en el marco de la Memoria, la Verdad y la Justicia, trabajando en pos del cuidado del patrimonio regional.
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