El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de la
constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual viene a
cerrar un ciclo y una deuda de 30 años.
La anterior ley, nacida en el ceno de la
dictadura militar, adolecía, no solo de su origen sino también por su
manipulación constante a favor de los intereses de económicos.
Esta ley establece necesariamente el marco
regulatorio permitiendo la coexistencia de todas las voces, transformando la
comunicación audiovisual como un bien social, por y para todos.
Parte del Aire de estos cambios amplían las
voces, no reducen, potencian la diversidad y estimulan la posibilidad de la
disidencia protegiendo la libertad de expresión con más canales de expresión.
Un ciclo se cierra y otro comienza a
explayarse, garantizando el derecho a participar de la vida democrática, con
voz y voto, sin excluidos económicos con las herramientas necesarias para
hacerse oír.
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