Mantenimiento plazas y canteros: el bloque del FMPV ratificó en la fiscalía la denuncia contra el intendente.

Los concejales del Frente Mercedino para la Victoria (FMpV), convocados por la Fiscalía, ratificaron la denuncia penal contra el intendente Carlos Selva por sospechas de corrupción, luego de que surgieran irregularidades en contratos de tercerización del servicio de mantenimiento de 11 plazas y canteros de la ciudad.

Juan Pablo López Baggio, Juan Martín Andrés, Celeste Burone y Roberto Cirillo respondieron a la citación de la UFI y confirmaron la denuncia contra Selva; el Secretario de Gobierno, Sergio López; y el director de Obras Públicas, Gustavo Salomone.  Junto con ellos firmó el concejal del GEN-FAP José Luis Ramos.

En forma paralela, también avanza el pedido de investigación realizado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en este caso acompañado por los restantes ediles de la oposición: José Cestari (MIC), Inés Ghione (UCR) y Juan Carlos Benítez (Unión-PRO), ahora segundo candidato a concejal en la lista presentada por el oficialismo para las elecciones de este año.

La presentación, en ambos casos, está relacionada con la tercerización del servicio de mantenimiento de plazas y jardines. “Desde el año pasado que el Ejecutivo no responde los pedidos de informes. Y tampoco contestó un pedido que hicimos hace varias semanas por la investigación que hizo el semanario El Nuevo Cronista por la privatización de este servicio. Nosotros no nos podemos hacer los distraídos y hay elementos suficientes como para avanzar en este camino”, informó Juan Pablo López Baggio días atrás, en ocasión de anunciar las denuncias en una conferencia de prensa en el Concejo Deliberante.

“Acá existe una responsabilidad directa del intendente, quien es el que firma los decretos y define la adjudicación de estos servicios. En este caso lo que se destaca en primer término es el monto de la operación, alrededor de un millón de pesos anuales para cortar el pasto en 11 placitas y canteros, dos veces por mes –siguió entonces-. Y luego surgen los datos vinculados a la AFIP, con empresas ‘fantasmas’ que no tienen empleados ni herramientas, que se inscriben unos días antes de recibir las adjudicaciones, que están a nombre, como en uno de los casos, de una jubilada de 81 años. Es decir: hay indicios de que puede existir corrupción. Nosotros no nos podemos hacer los distraídos, por nuestra responsabilidad institucional y porque se trata de la plata de los vecinos”.

La otra novedad saliente del tema la dio el propio Salomone, quien se negó al llamado realizado por la Comisión de Obras Públicas del Honorable Concejo Deliberante.

“Tal como lo anunciamos la semana pasada, desde la Comisión decidimos citar a Salomone para que nos diera las respuestas a los pedidos de informes presentados en sesión por este tema. Sin embargo, a partir de la judicialización y por recomendación de la asesoría letrada de la municipalidad, se negó a través de un escrito”, explicó López.

La polémica sobre la millonaria tercerización del servicio de mantenimiento de 11 plazas y canteros de la ciudad salió a la luz hace algunas semanas, cuando El Nuevo Cronista publicó una investigación al respecto: además del costo, informó que las empresas que se sucedieron al frente del trabajo (una a nombre de Angela Ilharreguy, jubilada de 81 años de edad), no tienen empleados a cargo ni herramientas, y que ambas se inscribieron como “responsables inscriptos” en la AFIP unos pocos días antes de recibir la concesión.

“Hay muchas cuestiones que contribuyen a la idea de que existe, como mínimo, evasión impositiva, por eso pedimos tanto a la AFIP como a la Justicia que investiguen y, si cabe, determine las responsabilidades”, explicaron los concejales del Frente Mercedino.

Según El Nuevo Cronista, la municipalidad gasta alrededor de un millón de pesos por año para cortar dos veces al mes el césped de 11 plazas y siete boulevares de la ciudad, hasta el triple de los presupuestos que el mismo periódico solicitó a empresas especializadas.

Las explicaciones del secretario de Obras Públicas, Gustavo Salomone, no despejaron las dudas. Según el funcionario, la decisión de tercerizar el servicio en las 11 placitas y los siete boulevares respondió a una necesidad física, ya que el personal estable de la dirección de Parques y Jardines está sobrecargado. “Llegado el momento veíamos que los canteros no se llegaban a limpiar y se tomó esta decisión”, dijo a los medios.

Parques y Jardines, con 14 empleados de acuerdo a las distintas investigaciones aportadas por el semanario, atiende sin embargo un espacio muchísimo mayor que el privatizado (dos parques públicos -uno de los cuales, por caso, recibió 20.000 personas en la reciente Fiesta de la Torta Frita-, 10 plazas céntricas, 30 plazas periféricas y servicio de poda de árboles y limpieza), y representa una masa salarial de poco más de $ 76.000, contra los $ 84.900 mensuales que se pagan a las contratadas.