Los cuatro años ya del asesinato de Mariano Ferreyra, no son fácilmente resarcidos con el juicio y la condena a los autores intelectuales de la Unión Ferroviaria y Pedraza.
Dos hechos testigos de la violencia institucional, donde los mecanismos de habeas corpus fueron recursos formales para denunciar la existencia de metodologías que usan la fuerza para silenciar.
Parte del Aire de esta problemática se encastra en instituciones que su misión debería ser cuidar al ciudadano común y no perseguirlo, amedrentarlo, controlarlo y eliminarlo.
Las incógnitas continúan a pesar de la aparición del cuerpo de Luciano Arruga y las preguntas ameritan respuestas concretas del Estado que con celeridad y recelo necesita esclarecer los hechos para limpiar su imagen.
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