La ley, que reemplaza la vieja ley de comunicación de la última dictadura cívico militar, establece las condiciones para la aparición de nuevos canales de comunicación y de difusión.
La posibilidad de que organismos sociales, comunitarios, estén contemplados en el marco regulatorio, es un avance en la libertad de expresión, desmopolizando el acceso a la palabra y los medios.
Parte del Aire de estos cinco años en que se puso en funcionamiento la AFSCA, el ente de control que establece la ley y la aplica, la adecuación plantea una disputa en torno de la libertad.
Los opositores a la implementación de la nueva ley aseguran ver amenazada la libertad de expresión, los que apoyan la ley, señalan que los intereses económicos confunden libertad de expresión con libertad de empresa.
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