A 6 años de la explosión de la fábrica de Sigma Agro, se acerca a su desenlace la investigación judicial sobre las responsabilidades penales en Mercedes, donde perdió la vida un trabajador y se derramó un millón de litros de agro tóxicos.
El pasado 2 de octubre, el Juez de Garantías Patricio Arrieta decretó la elevación a juicio oral y público de la causa penal en la cual los únicos imputados son los directivos de la empresa Gustavo Ruffa y Jerónimo Araujo Muller.
En una publicación de la Organización de Ambientalistas Auto convocados se expresa que "En los considerandos de la resolución, el Juez Arrieta sostuvo que “la omisión por parte de los imputados, en su calidad de directores responsables de la empresa Sigma Agro S.A., de cumplir con el procedimiento de la habilitación del lugar para funcionar, así como la remediación incompleta del sitio contaminado tras el siniestro ocurrido el 27 de septiembre de 2019, revela una inobservancia grave de los deberes legales a su cargo, configurando una conducta penalmente típica en los términos del artículo 55 en función del artículo 57 de la Ley 24.051, que reprime al que manifiestamente infringiere los deberes que la ley impone para el manejo de residuos peligrosos, generando peligro concreto para el ambiente, los recursos naturales o la salud pública.”
Para el magistrado, “Sigma Agro S.A. operó clandestinamente, sin haber cumplido ninguna de estas fases ni contar con habilitación ambiental ni controles efectivos, situación que se mantuvo debido a la invisibilización de su funcionamiento ante el OPDS y la falta de intervención de las autoridades municipales competentes”.
El juez consideró además que las omisiones posteriores al siniestro en cuanto a las obligaciones de recomposición por parte de los imputados, imposibilitaron determinar con precisión la composición, magnitud y extensión de la contaminación del suelo, recursos hídricos y medio ambiente en general, generando un riesgo para la salud pública y el ambiente.
Comentarios